1. A los efectos de la orientación de la financiación pública, tienen la consideración de servicios de interés general, como elementos clave de la cohesión económica, social y territorial,
Art 4 de la Ley de Vivienda
los determinados por las administraciones competentes en la materia, y en el ámbito de competencia estatal o de colaboración del Estado con las demás administraciones:
a) El desarrollo de las actuaciones necesarias para la creación, ampliación, conservación y mejora del parque público de vivienda, por parte de las Administraciones públicas competentes y sus
entes instrumentales o dependientes, así como su gestión para asegurar su utilización efectiva en condiciones asequibles, tal y como se definen en el artículo anterior o en la normativa
autonómica correspondiente.
b) Las actividades, públicas o privadas, cuyo fin sea la construcción o rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que fije un precio máximo de venta y
alquiler, con destino a las personas u hogares que reúnan los requisitos preestablecidos en base a criterios objetivos que definan su situación económica y social.
c) El desarrollo de las actuaciones necesarias por parte de las Administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes, encaminadas a promover la mejora de las
condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o de eficiencia energética de los edificios de viviendas, de titularidad pública y privada.
2. Los servicios de interés general indicados en el apartado anterior podrán ser ejecutados de manera directa por las Administraciones públicas o sus entes instrumentales o dependientes, o
bien, podrán realizarse a través de acuerdos con los propietarios, con las entidades legalmente constituidas del tercer sector y de la economía social, o a través de diferentes fórmulas de
colaboración público-privada, en cumplimiento del marco legal vigente atendiendo a la naturaleza de la colaboración.
Artículo 4. Servicios de interés general
Contenidos:
El artículo 4 de la Ley de Vivienda establece los servicios de interés general en relación a la vivienda en España. Estos servicios son considerados elementos clave para la cohesión económica, social y territorial del país.
1. Definición y gestión del parque público de vivienda
El primer punto del artículo se refiere al desarrollo de actividades necesarias para la creación, ampliación, conservación y mejora del parque público de vivienda. Estas acciones son llevadas a cabo por las administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes.
El objetivo de estas acciones es asegurar la utilización efectiva de estas viviendas en condiciones asequibles. En el artículo anterior o en la normativa autonómica correspondiente se definen las condiciones asequibles de las viviendas.
2. Construcción y rehabilitación de viviendas de protección pública
El segundo punto hace referencia a las actividades, tanto públicas como privadas, que tienen como fin la construcción o rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Estas viviendas fijan un precio máximo de venta y alquiler.
Estas viviendas están destinadas a personas o hogares que cumplan con los requisitos preestablecidos en base a criterios objetivos que definen su situación económica y social.
3. Mejora de las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de los edificios
El tercer punto se refiere al desarrollo de acciones necesarias para promover la mejora de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios de viviendas, tanto de titularidad pública como privada.
Estas acciones son llevadas a cabo por las administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al cuidado del medio ambiente.
4. Ejecución de los servicios de interés general
Este apartado establece que los servicios de interés general mencionados anteriormente pueden ser ejecutados de manera directa por las administraciones públicas o a través de acuerdos con los propietarios, entidades del tercer sector y de la economía social, o mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada.
Es importante destacar que la ejecución de estos servicios debe cumplir con el marco legal vigente y tener en cuenta la naturaleza de la colaboración
Artículo 4 de la Ley de Vivienda: Ejemplos
1. Creación y ampliación del parque público de vivienda: Las Administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes tienen la responsabilidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la creación, ampliación, conservación y mejora del parque público de vivienda. Esto incluye la gestión para garantizar que las viviendas sean accesibles en condiciones asequibles.
2. Construcción o rehabilitación de viviendas con régimen de protección pública: Se considera un servicio de interés general la realización de actividades, públicas o privadas, que tengan como objetivo la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Estas viviendas deben tener un precio máximo de venta y alquiler y estar destinadas a personas u hogares que cumplan con requisitos definidos en base a criterios objetivos de situación económica y social.
3. Mejora de condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética: Las Administraciones públicas competentes y sus entes instrumentales o dependientes deben llevar a cabo actuaciones para promover la mejora de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios de viviendas, ya sea de titularidad pública o privada.
4. Ejecución de los servicios de interés general: Estos servicios pueden ser realizados directamente por las Administraciones públicas o sus entes instrumentales o dependientes. También se pueden llevar a cabo a través de acuerdos con propietarios, entidades del tercer sector o de la economía social, o mediante colaboraciones público-privadas, siempre en cumplimiento del marco legal vigente y considerando la naturaleza de la colaboración.
El artículo 4 de la Ley de Vivienda establece los servicios de interés general en relación a la vivienda en España, incluyendo la gestión del parque público de vivienda, la construcción y rehabilitación de viviendas de protección pública, y la mejora de la habitabilidad y eficiencia energética de los edificios. Estos servicios pueden ser ejecutados por las administraciones públicas de manera directa o a través de acuerdos con otros actores, siempre cumpliendo con el marco legal vigente.